El sábado 31 de julio, Adelante publicó un comentario mío, bajo el título ¿Cómo quedo yo?, vinculado a la necesidad de eliminar intermediarios en el proceso de comercialización de productos agrícolas para que los precios estén más cercanos a las posibilidades del pueblo trabajador.
Con el objetivo de profundizar en las causas, condiciones y principales responsables de los hechos narrados en el citado trabajo, se decidió ampliar la investigación que le dio origen.

Durante las averiguaciones quedó demostrado que la Unidad número 64 “El Naranjal” fue arrendada por la Empresa Municipal de Acopio al CAI arrocero “Ruta Invasora” el 25 de diciembre del 2011 según certifica el contrato 8/12 firmado por las dos instituciones estatales.
—SE ABRE LA CAJA DE PANDORA.
Al ser entrevistado Aramís Barreira López Director adjunto del CAI arrocero, alegó que la máxima dirección de su empresa desconocía que la unidad El Naranjal había sido arrendada y por ello llamó a este medio de prensa para indicar que la Venduta no era de su empresa, algo que después conocieron y se tomaron las medidas pertinentes.
El objeto social de los “kioscos” arrendados a la industria arrocera es la comercialización del arroz, por lo que no está registrada la venta de otros productos agropecuarios.
Félix Jorge Lezcano Góngora, funcionario que firmó el contrato a nombre y en representación del CAI admitió no haberle dado seguimiento a la actividad comercial de la Venduta.
De modo que en la Unidad “El naranjal” se violó el objeto social para la que fue arrendada y se vendieron otros productos agropecuarios entre ellos plátano, calabaza, tomates, boniatos a precios no establecidos por el Estado.
¿De dónde salió la mercancía? Según Rudy Torres Alonso, encargado de los puntos de Ventas del CAI en la cabecera provincial, existió un acuerdo verbal con Andy García Hernández trabajador de Acopio a partir del cual, en la misma Venduta, con la pizarra que identificaba al CAI, se ofertaban el arroz, cuyas ventas eran depositadas a la entidad vertientina y por su parte García Hernández administrador de la Placita de la Belén, trasladaba sus mercancías a la Caridad para ofertarlas en la unidad arrendada, sin previa consultas con sus superiores.
Al preguntársele a Andy el motivo de los precios tan desproporcionados, este dijo que desconocía lo elevado de los importes. García Hernández recargó sobre los dependientes las violaciones con el valor de los productos, al pedirles los nombres de estos últimos declaró no tenerlos, siendo este quien los contrataba, aunque ninguna de las partes los tenia formalizado.
Esta asociación no está registrada en ninguno de los contratos y por tanto desconocida por los Asesores Jurídicos de las empresas implicadas en el arrendamiento, quienes no poseen suplemento o documento legal alguno que permitiera a Acopio continuar vendiendo productos en este lugar y si fuera poco su Jefe Comercial desconocía la existencia de este acuerdo.
—EL PUEBLO TIENE LA PALABRA
Raquel García Benavides vecina de la calle Candelaria explicó que la población de la zona envejece aceleradamente y por esta razón en varias ocasiones se ha defendido la permanencia de un punto de venta de productos agropecuarios cercano; pero de momento aparecieron estos compañeros quienes vendían la mayoría de las mercancías, que no eran de primera calidad, a sobreprecio.
Juan de la Cruz Pérez agrega que dos malangas le costaron 6,50 en moneda nacional y como ven estos precios son inaccesibles a las personas que viven de su salario o de una jubilación.
Arleene Figaredo Curiel resalta: “me llamó la atención que los productos generalmente no venían en camiones, eran trasladados en triciclos, incluso en una ocasión reclamé la presencia de arroz, porque si era un punto perteneciente al CAI Arrocero “Ruta Invasora” obviamente su objeto social no era vender viandas sino arroz.
—UN FINAL FELIZ
No toda historia tiene un final feliz, en esta se trabaja porque lo tenga, según Amado Pollé Tertulien Comercial de Acopio en el municipio Camagüey se realizan las gestiones pertinentes para rescindir los contratos de arrendamientos en unidades donde se han cometido violaciones de iguales características, y vender las mercancías a precios mucho más asequibles para la población.
Por su parte Juan Rodríguez Guillarte, representante jurídico del CAI, informó que a partir de los hechos publicados se dictaminarán las medidas a cumplir para que el complejo realice un control más eficiente de los puntos de venta, lo que fue ratificado por Carlos Capote Sánchez, Jefe directo de la actividad, quien ya trabaja en un plan de medidas administrativas y disciplinarias.
A Pandora se le abrió su caja por la llave del descontrol, por no cumplirse con las normas del control interno y por violarse lo pactado en el contrato, algo que se debe desterrar del actuar de las empresas socialistas, pues el río revuelto puede traer consigo que personas sin escrúpulos engañen al pueblo y llenen sus bolsillos al amparo del Estado. Tenemos que sacar de una vez y por todas de atrás de la fachada a Pandora con sus males.